Nos llena de orgullo contarles que nuestros abogados fueron reconocidos en la última versión del reconocido ranking internacional, Chambers and Partners, para la edición de Latinoamérica 2026. Este reconocimiento refleja la excelencia, dedicación y compromiso de nuestro equipo con cada uno de nuestros clientes.
Destacamos el trabajo de:
Banda 2:
Sebastian Delpiano – Capital Markets
Rebeca Zamora Picciani – Compliance
Banda 4:
Gonzalo Delaveau – Corporate/M&A
Juan Ignacio Peña Lacámara – Real Estate
Associates to watch:
Juan Andrés Larrondo Holmgren – Tax
Nicolás García – Capital Markets
Estamos muy contentos por la buena recepción que ha tenido la noticia sobre la reestructuración de nuestra área de Compliance, a cargo de nuestra socia, Rebeca Zamora Picciani, que en las últimas semanas fortaleció su equipo -por una parte- con el nombramiento de la abogada Sara Huerta Estrada como directora del área y -por otra- incorporó a nuevos profesionales con el objetivo de robustecer la práctica y sumar subespecialidades para entregar un servicio más específico a los clientes.
Agradecemos el interés de Latin Lawyer, EstadoDiario, Líder Legal, LexLatin y Abogados.com.ar por ayudarnos con la difusión de esta reestructuración que trae grandes cambios para nuestro Estudio.
Te invitamos a leer la nota completa acá
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Santiago, Chile — [4 de agosto de 20025] | HD anunció una importante reestructuración en su área de cumplimiento e integridad corporativa, con el objetivo de sumar subespecialidades conforme a sus capacidades técnicas de cara a entregar un servicio más específico a sus clientes, consolidándose como uno de los actores clave en la entrega de servicios integrales de cumplimiento normativo, auditorías internas, investigaciones y diseño e implementación de modelos de prevención de delitos e integridad, así como también su revisión independiente.
En 2019, HD Group consolidó el área con la incorporación de Rebeca Zamora, quien actualmente es socia y lidera el área, luego de su nombramiento en 2023. Rebeca cuenta con 13 años de experiencia en asesoría a empresas y es académica de varias universidades del país, llegando a hacer clases en el extranjero. Recientemente, publicó el libro Investigaciones Internas Corporativas con Editorial DER, texto que, junto con recoger acabada doctrina y jurisprudencia, pudo plasmar su amplia experiencia en la materia.
Como parte de la reciente reestructuración del área, se nombró a Sara Huerta como nueva directora de HD Compliance, quien apoyará en la dirección del nuevo equipo combinando experiencia jurídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innovadora del Compliance.
“Llevamos tiempo trabajando en una oferta de servicios que aborde el cumplimiento de manera transversal, no solo desde lo legal, sino como motor de transformación corporativa hacia la integridad”, señaló la socia Rebeca Zamora. “Esta reestructuración refleja ese esfuerzo, con un equipo multidisciplinario de alto nivel y alianzas estratégicas que nos posicionan dentro y fuera de Chile”, añadió.
Un equipo fortalecido
El nuevo equipo de Compliance de HD Group incluye perfiles jurídicos diversos, con trayectoria en importantes estudios, formación académica de alto nivel y experiencia concreta in-house, además de asesorías a empresas de distintos rubros. Cada integrante aporta una mirada complementaria, lo que permite ofrecer soluciones integrales y personalizadas.
- Rebeca Zamora, socia del área, es abogada de la Universidad de Chile, cuenta con un Máster en Política Criminal, diversas certificaciones y ha trabajado anteriormente en dos estudios jurídicos, manteniendo a la par un perfil académico.
- Sara Huerta, directora del área, es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con Minors en Global Business Law y en Gestión del Emprendimiento y formación en liderazgo adaptativo. Se especializa en derecho corporativo, Compliance y gobernanza de empresas reguladas, y cuenta con 13 años de experiencia liderando procesos estratégicos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
- Josefina Besa, con experiencia en asuntos laborales e investigaciones internas, es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con 13 años de experiencia y es especialista en derecho corporativo con vasta experiencia laboral en departamentos jurídicos y con equipos multidisciplinarios en compañías internacionales de los rubros de consumo masivo, salud y energía.
- Rodrigo Maldonado, con experiencia en asuntos penales y administrativos, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se integró al equipo en 2023, desarrollando, actualmente, estudios de profundización de sus conocimientos.
- María Gracia Oyarce, con experiencia en el diseño y evaluación de Modelos de Prevención, es abogada de la Universidad de Los Andes y se especializa en cumplimiento normativo, cumplimiento regulatorio y gobernanza, desarrollando, actualmente, estudios de profundización de sus conocimientos.
- Camilo Sanhueza, con experiencia en protección de datos y derecho de consumo, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y se incorporó al equipo en 2024, especializándose en derecho comercial, derecho del consumidor, libre competencia y datos personales. Además, forma parte del equipo de Tecnología y Protección de Datos que lidera el director Juan Pablo González.
- María Paz Ríos, con experiencia en procesos y tecnología, recién incorporada. Es abogada de la Universidad Finis Terrae, cuenta con más de cinco años de experiencia en diversas áreas del derecho, destacando en Compliance, propiedad intelectual, derecho deportivo y tecnología.
- Hernán Prieto, asociado junior, es abogado de la Universidad de Los Andes y se unió este año al equipo, junto con Juan Carlos Barbudo, procurador del área, egresado de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en estas materias, dada su formación académica junto a Rebeca.
- Forman parte del equipo, también, Andrea Cortés y Nathalia Bucarey como auditoras senior, y Moira Mejías como auditora junior, con quienes se desarrolla un profundo trabajo interdisciplinario, reforzando la identificación de riesgos, auditoría interna y forense, así como prevención y detección de fraudes.
Uno de los aspectos que más distingue a este equipo y representa una ventaja comparativa por sobre otras consultoras es que, justamente, al trabajar de la mano con el estudio jurídico, es posible rápidamente ensamblar equipos y experiencia de otras áreas, tales como financiera, ambiental, datos, tributario, energía, etc., lo que permite abordar los delitos de manera íntegra y llegar a todo tipo de clientes.
Además del fortalecimiento interno, HD Compliance ha afianzado alianzas estratégicas con destacados actores internacionales como Broseta, con quien la firma también ha desarrollado asuntos relacionados a tecnología y protección de datos luego de la reciente llegada a HD Group de Juan Pablo González, quien lidera el área.
Asimismo, HD Group ha fortalecido el trabajo colaborativo con PL Compliance para el desarrollo de proyectos en conjunto y nuevos clientes. Lo mismo ocurre con la alianza que mantiene con Apppliance en materias tecnológicas (canales de denuncias, juegos, encuestas) y C+Board en minería, lo que permite ampliar la red de colaboración y compartir buenas prácticas a nivel global. Estas alianzas fortalecen la capacidad del equipo para abordar desafíos complejos en materias de Compliance, con una mirada comparada y adaptada a las realidades locales de sus clientes.
“Hoy en día, Compliance se ha convertido en un área clave y estratégica para la oficina, combinando el cumplimiento estrictamente normativo con el cambio cultural, a través de nuestras otras áreas de práctica, lo que nos permite entregar programas de cumplimiento con una identificación de riesgos especializada”, señaló Sebastián Delpiano, socio administrador.
Les queremos compartir el Informe sobre la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), escrito por nuestro equipo para ACADES,
donde se analiza en profundidad la recientemente aprobada LMAS, identificando los cambios que realmente marcan la diferencia: la creación de la ventanilla única digital SUPER, la fijación de plazos taxativos y la implementación de un nuevo régimen de silencio administrativo; un sistema de estabilidad regulatoria de hasta ocho años que resguarda las inversiones frente a modificaciones normativas; y mecanismos habilitantes alternativos que simplifican la tramitación de obras de bajo riesgo.
El informe detalla, además, cómo estas herramientas podrían agilizar proyectos de desalación, eliminando duplicidades ambientales y garantizando la trazabilidad de cada permiso. Se trata de una guía estratégica para desarrolladores involucrados en la planificación y el financiamiento de proyectos, que encontrarán aquí una hoja de ruta para anticipar cambios, aprovechar incentivos y fortalecer la bancabilidad de sus iniciativas.
Agradecemos a ACADES por la difusión del contenido y los invitamos a leer el documento, escrito por nuestro socio, Gonzalo Delaveau, y nuestros directores, Mauricio Riesco Tagle y Juan Ignacio Marín.
Queremos agradecer la cobertura que distintos medios le han entregado a la reestructuración que está viviendo por estos días nuestra área de Compliance, a cargo de la socia Rebeca Zamora Picciani. Dentro de los principales cambios, se encuentra el nombramiento de Sara Huerta Estrada como directora de la práctica, la incorporación de nuevos asociados, y el fortalecimiento de alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales.
“Llevamos tiempo trabajando en una oferta de servicios que aborde el cumplimiento de manera transversal, no solo desde lo legal, sino como motor de transformación corporativa hacia la integridad”, señaló la socia Rebeca Zamora Picciani. “Esta reestructuración refleja ese esfuerzo, con un equipo multidisciplinario de alto nivel y alianzas estratégicas que nos posicionan dentro y fuera de Chile”, añadió.
Agradecemos, especialmente, a EstadoDiario, Latin Lawyer y Líder Legal por la difusión de nuestra noticia, que les invitamos a leer a continuación.
Lee acá: Chile’s HD Legal hires GSI Capital compliance officer – Latin Lawyer
Nuestro director de Protección de Datos Personales, Ciberseguridad y Nuevas Tecnologías, Juan Pablo González Gutiérrez, y el asociado, Camilo Sanhueza Seguel, escriben una nueva columna de opinión para El Mercurio Legal, donde abordan las innovaciones que trae la Ley n°21.719, que modifica la Ley n°19.628 sobre protección a los datos personales y que entra en vigor el 1 de diciembre del 2026.
Queremos agradecer a Firma Propia del Diario Constitucional por la entrevista que le hicieron a nuestra gerente general, Denisse Green, donde abordaron la gestión que se está viviendo hoy en día en los estudios de abogados y los nuevos desafíos que enfrentan.
La conversación parte con un diagnóstico claro: en muchos estudios, los socios están sobrecargados y no pueden dedicar tiempo suficiente a la gestión estratégica.
“A veces están con mucha carga laboral y no le pueden dedicar tanto tiempo a este tipo de misiones”, explica. A esto se suma, en muchos casos, una falta de estructura clara, roles poco definidos y escasa eficiencia operativa. “Muchas empresas todavía no han hecho esa transformación y siguen con procesos manuales”, agrega, subrayando que el cambio tecnológico sigue siendo una deuda pendiente.
Te invitamos a escuchar el episodio y a leer todos los detalles.
Queremos agradecerle a Diario Financiero por esta nueva entrevista que le realizaron a nuestro director de Protección de Datos Personales, Ciberseguridad y Nuevas Tecnologías, Juan Pablo González Gutiérrez, quien -en el contexto del Caso Matthei- se refiere a la necesidad de conversar sobre una regulación “que proteja la honra y la identidad digital sin frenar el desarrollo tecnológico”.
“Las plataformas no pueden censurar, pero tampoco promover la masificación de la información”, señaló nuestro director.
Nuestra gerente general, Denisse Green, fue entrevista por el Diario Financiero respecto a la integración de la inteligencia artificial en los estudios jurídicos y gerencias legales, que buscan aumentar su productividad adquiriendo estas nuevas herramientas.
“Ya llevamos prácticamente un año viendo herramientas de inteligencia artificial y también hemos habilitado talleres internos dentro del estudio para que los abogados puedan ir empapándose de esta herramienta nueva”, comentó nuestra CEO.
Les compartimos una nueva Alerta Legal de nuestro equipo HD.
Con fecha 23 de julio de 2025, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la Norma de Carácter General N°541, que introduce ajustes a Circular N°1 de Empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias, Capítulo RAN 8-41 (RAN) y Circular N°1 de Operadores de tarjetas de pago (Circular).
Encuentra los detalles revisando el PDF adjunto.
¿Dudas? Puedes contactar a Matías Langevin, Alejandro Matus o Fernanda Aillach Núñez.
La ciberseguridad en Chile: inicia el proceso de calificación de OIV
Con fecha de 30 de mayo de 2025, la Agencia Nacional de Ciberseguridad dictó una resolución (Resol. Exenta N.º 24, 2025) que inicia el procedimiento de calificación de Operadores de Importancia Vital acorde a lo indicado en el artículo 6º de la Ley N.º 21.663 Marco de Ciberseguridad que debe realizarse cada tres años. Así, acorde al principio de racionalidad (art. 3, N.º 7), que indica que “para la gestión de incidentes de ciberseguridad, las obligaciones de ciberseguridad y el ejercicio de las facultades de la Agencia deberán ser necesarias y proporcionales al grado de exposición a los riesgos, y al eventual impacto social y económico”; por lo que, se estableció un cronograma para dar inicio al proceso de calificación de OIV en dos grandes etapas de acuerdo con la naturaleza y criticidad de los servicios proveídos por las entidades que prestan servicios esenciales.
En ese sentido, la primera etapa que inicia el 30 de mayo de 2025, aborda los siguientes servicios esenciales: generación, transmisión o distribución eléctrica, incluyendo el coordinador independiente del Sistema Eléctrico Nacional; telecomunicaciones; infraestructura digital, servicios digitales, servicios de tecnología de la información gestionada por terceros; banca, servicios financieros y medios de pago; prestación institucional de salud por entidades tales como hospitales, clínicas consultorios y centros médicos; empresas públicas creadas por ley; organismos de la Administración del Estado.
La segunda etapa que partirá el 30 de noviembre de 2025 abordará aquellas instituciones que prestan los servicios de: transporte, almacenamiento o distribución de combustible; suministro de agua potable o saneamiento; transporte terrestre, aéreo, ferroviario o marítimo, así como la operación de su infraestructura respectiva; demás concesionarios de servicios públicos; administración de prestaciones de seguridad social; servicios postales y de mensajería; producción y/o investigación de productos farmacéuticos.
Importante es mencionar que este procedimiento de la ANCI, de acuerdo a lo indicado en el artículo 6º de la Ley N.º 21.663, debe requerir informes fundados a los organismos públicos con competencia sectorial del primer grupo de instituciones que prestan servicios esenciales y, por ende, acorde al art. 37 bis de la Ley N.º 19.880 sobre Procedimiento Administrativo, estos deberán evacuar el informe solicitado, dentro de los 30 días corridos desde la fecha en que se recibió el requerimiento. Este informe podrá ser valorado y, por ende, su contenido en cuanto a la opinión del órgano administrativo incorporado en la motivación del acto administrativo que dicte la ANCI.
Recibidos estos informes, la ANCI tendrá 30 días corridos para evacuar un informe con la nómina de aquellas instituciones que serán consideradas de importancia vital —OIV; siendo sometida a consulta pública por un período de 30 días corridos; para que, finalizados el proceso y previo informe del Ministerio de Hacienda dentro de los 30 días corridos se emita un informe final que contenga las instituciones que sean OIV. En contra de esta resolución procederá el recurso de ilegalidad acorde a lo indicado en el art. 46º de la Ley N.º 21.663.
La tarea que tendrá la ANCI no será fácil, especialmente en esta primera etapa de calificación de OIV, a pesar de que varios de los sectores presentados, ya cuentan con lineamientos en materia de ciberseguridad de sus reguladores sectoriales (p. ej., sector eléctrico, financiero y telecomunicaciones, entre otros). No obstante y haciendo el símil al proceso de transposición que se está viviendo en Europa a propósito de la Directiva NIS2; la ANCI, en su rol de supervisar la ciberseguridad de aquellos sectores esenciales, tendrá que velar para que las entidades en el listado de posibles OIV puedan lograr una “ciber resiliencia” para el país, tomando como referencia el catálogo de servicios esenciales descrito en el artículo 4º de la normativa, en que se definió que la afectación a la prestación de estos servicios —desde un enfoque de seguridad informática— tendría extensas y significativas consecuencias para la sociedad y el mercado.
El desafío de la normativa, no solo será la articulación de la carga regulatoria de aquellas instituciones del sector privado, sino especialmente en aquellos sectores regulados en que el exceso y sobreposición de requerimientos de reportes, por ejemplo, podrían generar un entorno complejo para reaccionar con la celeridad que se espera, particularmente ante el reporte de incidentes de impacto significativo en un entorno dinámico, en que la colaboración entre todos los actores parece ser la vía para responder oportunamente a las amenazas informáticas.
Los criterios para la designación de un OIV, indicados en el artículo 5º de la Ley N.º 21.663, buscan la preparación de capacidades de las organizaciones para adaptarse y resistir ante incidentes informáticos. De esta manera, los deberes específicos indicados en el artículo 8º se centran en que estos operadores cuenten con las capacidades para responder ante eventos informáticos (que afecten sus redes y sistemas informáticos) tanto como situaciones complejas, como un ataque con efecto “cascada”, por ejemplo, en que se prioricen aquellos componentes del sistema informático que son más urgentes durante la crisis, no afectando la provisión de aquellos servicios que han sido reconocidos en la normativa como esenciales.
Estos criterios y la designación de instituciones específicas como OIV permitirán colocar énfasis en las posibles implicancias de estos ataques en actividades de dependencia de redes y sistemas informáticos de estos operadores, sobre todo, si uno analiza que entre sus obligaciones se encuentra el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información como Planes de Continuidad Operacional, que finalmente, implica un manejo de infraestructura informática, desplegando controles preventivos ante una posible situación de crisis.
Para concluir, el proceso que inició el pasado 30 de mayo de 2025, no solo refleja la importancia en cuanto a la prevención en un entorno interconectado ante una falla y, por ende, una vulnerabilidad en un sistema informático, sino más aún, que las organizaciones logren focalizar sus esfuerzos en aquellos componentes dentro de las redes y sistemas informáticos para priorizar la entrega de servicios que son esenciales y, por su relevancia, vitales para el país.
Juan Pablo González Gutiérrez es abogado, Director de HD Group en materia de protección de datos personales y ciberseguridad; y académico.
